El Gobierno detecta conflicto de intereses en el escrito que ve arbitrarias las detenciones de Junqueras y de 'los Jordis' y pide la recusación de dos miembros del grupo de trabajo.
Imagen de la sala del juicio a la cúpula del independentismo, en la sesión del 29 de mayo. En vídeo, el Gobierno critica el informe de la ONU que descalifica la detención de los políticos independentistas. efe | ATLAS.
Una carta dirigida a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, pretende zanjar la controversia generada por la opinión sobre el procés que ha emitido un grupo de trabajo adscrito a este organismo. El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, envió este viernes un duro escrito a Bachelet en el que considera “fruto de la manipulación” el informe que ve arbitrarias las detenciones de tres líderes independentistas juzgados por el Supremo. Borrell concluye que los expertos han incumplido su mandato y pide una auditoría.
España ha recurrido a la máxima instancia de Naciones Unidas en materia de derechos humanos para dejar claro su malestar por el informe emitido esta semana. Aunque el ministro era reacio a dar más relevancia al episodio, finalmente ha decidido ponerlo en conocimiento de Bachelet, que hasta ahora ha renunciado a pronunciarse sobre este asunto con el argumento de que su alto comisionado no responde por los grupos de trabajo vinculados al Consejo de Derechos Humanos.
En la carta, el ministro en funciones enumera lo que entiende como errores y distorsiones del texto de los expertos para concluir: “No pueden entenderse sino considerando que estamos ante el fruto de una manipulación”, según explican a este diario fuentes de Exteriores. Tras esa afirmación, desliza la existencia de un posible sesgo entre sus redactores: “Han sido víctimas, quiero pensar que no actores, de una campaña de desinformación”.
El documento, elaborado por el grupo de la ONU encargado de evaluar las detenciones arbitrarias, concluía que los encarcelamientos de Oriol Junqueras, líder de ERC; de Jordi Sànchez, exlíder de ANC, y de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, responden más a opiniones que a delitos. También pedía al Ejecutivo su liberación inmediata, una decisión que corresponde a la justicia.
En realidad el Gobierno ya da por hecha la falta de neutralidad al haber pedido la recusación de dos de los cinco miembros del grupo de trabajo. Antes de la carta de Borrell, el Ejecutivo ya había emitido tres quejas diplomáticas por presuntas irregularidades en el proceso. La primera aludía a la filtración del documento a los abogados de los independentistas al mismo tiempo que lo entregaban al Ejecutivo, el destinatario de esa comunicación. La norma dicta una demora de 48 horas. Las otras dos protestas piden que se revise la opinión del grupo de trabajo, muy favorable a las tesis de los presos, y una recusación de dos de sus integrantes. El motivo es que el Gobierno percibe un conflicto de intereses con el abogado Ben Emmerson, representante de Junqueras y de los Jordis, que elevó la privación de libertad de los tres ante este órgano de la ONU. Emmerson había trabajado hasta 2017 como relator de Naciones Unidas, donde había coincidido al menos con dos de los miembros del grupo sobre detenciones: el mexicano José Antonio Guevara Bermúdez, que firma el texto, y el surcoreano Seong-Phil Hong.
Borrell se apoya en estos elementos para argumentar que se ha producido “un grave incumplimiento de los métodos de trabajo” y exige “esclarecer cómo el grupo se ha desviado tan groseramente de su mandato”. Asimismo traslada con sutileza a Bachelet que, en su opinión, el descrédito que genera este tipo de informes no afecta solo a España; también a la propia ONU. La opinión del grupo de trabajo “se ha traducido en una desafortunada puesta en cuestión de las instituciones de Naciones Unidas sin mayores distingos”, señala.
La misiva lamenta también que la comunicación del grupo de la ONU, cuyo contenido no es vinculante, se difunda coincidiendo con la esperada decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el pasado martes se manifestó en sentido opuesto. Ese órgano avaló por unanimidad la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el pleno del Parlament del 9 de octubre de 2017, en el que el entonces president, Carles Puigdemont, preveía proclamar la independencia. “Son dos ligas diferentes”, declaró Borrell en rueda de prensa.
El texto concluye con la constatación de que España desea preservar la credibilidad de los procedimientos especiales de la ONU en los que se enmarca la actuación de este grupo de trabajo. Documentos como el relativo al procés “hacen que esa tarea resulte particularmente ardua”, critica Borrell.
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